Si consideramos que la moral social da forma a la ley y que ésta, a su vez, la impone y refuerza, entonces no puede construirse desde una única perspectiva ni beneficiar solo a unos cuantos. La justicia requiere la participación equitativa de todas las personas y el reconocimiento pleno de sus derechos, porque solo en la diversidad de voces y experiencias el derecho encuentra su verdadera legitimidad.

Durante siglos, la ley reflejó los valores y prejuicios de los grupos dominantes, negando derechos fundamentales a quienes no encajaban en sus normas sociales. Las mujeres no solo fueron excluidas de la creación y aplicación de las leyes, sino que estas mismas normativas reforzaban su falta de derechos. Se les negó el acceso a la educación, la propiedad, el comercio y la administración de sus propios bienes, sujetas a reglas en cuya formulación no participaron. Una realidad que definió la estructura jurídica por generaciones.

Esta situación no ha sido exclusiva de las mujeres; existen claros ejemplos de exclusión de minorías a lo largo de la historia de la humanidad. Las personas de distintas razas y etnias, quienes profesan religiones minoritarias, las comunidades LGBT+ y las personas con discapacidad han enfrentado discriminación sistémica que las ha privado de acceso equitativo e incluso han sido criminalizadas, estigmatizadas, históricamente invisibilizadas y excluidas de la vida pública. 

Sin embargo, cada una de estas minorías ha luchado para que sus derechos sean reconocidos, demostrando que la expansión de la justicia y la equidad es un proceso constante en el que la ley debe evolucionar para representar verdaderamente a todos los miembros de la sociedad. Su avance ha sido posible gracias a la movilización social, la resistencia, la educación, el cambio en la conciencia colectiva y, sobre todo, su integración en la vida económica y su representación en espacios de poder. 

Hoy, en México hay mujeres liderando instituciones clave como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, lo que refleja un cambio de visión y cohesión social radical desde tiempos en que las mujeres estaban excluidas de las esferas de poder. Si bien se reconoce el avance de la presencia femenina en puestos de liderazgo y toma de decisiones desde el ámbito público, el campo jurídico in genere continúa siendo un ambiente complejo para el desarrollo profesional de las abogadas en el país. Según el informe "Derecho Desigual" de Abogadas MX, en colaboración con Data Cívica y el IMCO, sólo el 68% de las abogadas ejerce su profesión. En el sector privado, ganan en promedio un 41% menos que sus colegas masculinos. Además, el 15.8% ha enfrentado despidos o falta de renovación de contrato debido a embarazos en los últimos cinco años, y el 11% ha sufrido acoso físico en el ámbito laboral. Estas cifras evidencian que, a pesar de los avances, persisten desigualdades significativas que limitan el pleno desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito jurídico mexicano.

En este contexto, los Colegios de Abogados desempeñan un papel clave para impulsar la inclusión y nivelar un campo históricamente dominado y encabezado por hombres. Por tal razón, entidades como la International Bar Association han integrado dentro de sus estructuras internas comités y/o consejos dedicados exprofeso para crear conciencia y promover políticas de diversidad, equidad e inclusión en la abogacía. En efecto, la representación de grupos históricamente excluidos en estos espacios contribuye a una profesión más equitativa, permitiendo que la justicia refleje mejor a la sociedad a la que sirve. Fomentar la inclusión de mujeres en posiciones de poder, y abrir camino a otras voces, impactaría significativamente en la lucha contra la desigualdad al crear un entorno más inclusivo desde la génesis de la profesión. 

Sin embargo, no basta con la simple presencia femenina en los Colegios de Abogados; es necesario adoptar un papel más activo que sea agente de cambio. Por ejemplo, los grupos de afinidad dentro de los Colegios de Abogados son fundamentales en la creación de redes de apoyo, mentorías y alianzas estratégicas que fortalecen el desarrollo profesional de grupos subrepresentados en la profesión. El acceso a foros de discusión para el intercambio de experiencias y a oportunidades de colaboración, facilita que sus integrantes accedan a posiciones de liderazgo y que la transformación de la abogacía no dependa solo de esfuerzos individuales, sino de un trabajo colectivo que impulse un cambio estructural y sostenible. Además, permiten visibilizar las barreras estructurales que aún persisten en la profesión, promoviendo estrategias concretas para reducirlas.

La colaboración entre estos grupos y las estructuras tradicionales de los Colegios de Abogados es clave para promover políticas que impulsen la equidad dentro del sector legal, donde la diversidad de perspectivas enriquezca la toma de decisiones y fortalezca la profesión en su conjunto. Estamos en un momento clave para fortalecer la integración de la perspectiva de género en la práctica jurídica. Será una valiosa oportunidad para los miembros de los Colegios de Abogados servir de inspiración hacia otras mujeres y grupos subrepresentados, aportando a la consolidación de una cultura organizacional más inclusiva y equitativa en la práctica. Un entorno diverso permite la apertura a nuevas perspectivas y la reducción de barreras históricas, consolidando un cambio que solo puede lograrse a través del esfuerzo colectivo.

*El contenido de este artículo es publicado bajo la responsabilidad de sus autoras y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.