En los últimos años, México dejó de ser visto únicamente como país de origen y tránsito migratorio. Hoy también es país de destino y de retorno para personas extranjeras que buscan permanecer, trabajar y construir un proyecto de vida. Este cambio responde a crisis políticas, violencia, inestabilidad económica, desastres naturales y restricciones migratorias en otros países, especialmente en Estados Unidos. La consecuencia es clara: la presencia de personas migrantes ya forma parte de la realidad social, económica y laboral mexicana.

Desde el derecho del trabajo, el reto consiste en abrir vías reales de incorporación al empleo formal. El trabajo no solo permite obtener ingresos; también facilita el acceso a seguridad social, vivienda, salud, educación, estabilidad familiar y participación comunitaria. Cuando una persona migrante queda fuera del mercado formal, aumenta su exposición a empleos informales, jornadas excesivas, salarios inferiores, ausencia de prestaciones y posibles abusos. Por ello, la inclusión laboral no debe entenderse como una concesión, sino como una condición mínima para proteger derechos.

Los obstáculos son claros ya que muchas personas llegan sin una condición migratoria regular o sin documentos suficientes para acreditar identidad, estudios, experiencia o autorización para trabajar. A ello se suman barreras administrativas, desconocimiento de la normativa mexicana, dificultades para revalidar competencias y prácticas de discriminación asociadas al origen étnico o nacional, apariencia o situación migratoria. El resultado suele ser la informalidad: personas con talento técnico, profesional u oficio especializado quedan subutilizadas, mientras sectores productivos pierden capacidades que podrían fortalecer su operación.

El artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo ocupa un lugar central en esta discusión, ya que exige que las empresas empleen, por lo menos, a un noventa por ciento de personas trabajadoras mexicanas. Además, en categorías técnicas y profesionales, la contratación extranjera solo procede cuando no existan especialistas nacionales, y aun así se limita temporalmente y a una proporción reducida. Aunque esta disposición nació con una finalidad de protección del empleo nacional, hoy genera preguntas sobre igualdad, no discriminación y libertad de trabajo.

Las iniciativas recientes para reformar esa disposición buscan actualizar el equilibrio. Una propuesta presentada ante la Cámara de Diputados plantea reducir el porcentaje mínimo de trabajadores mexicanos del noventa al setenta y cinco por ciento, dando prioridad, dentro del porcentaje restante, a personas migrantes en situación de vulnerabilidad. También propone eliminar el límite aplicable a personal extranjero técnico o profesional cuando no existan especialistas mexicanos disponible, con la intención de facilitar el acceso al empleo formal, aprovechar habilidades disponibles y disminuir la vulnerabilidad económica de quienes ya viven en México.

Sin embargo, la inclusión no puede resolverse únicamente mediante porcentajes. Para las empresas, una reforma de este tipo implicaría atender cuestiones prácticas: cómo identificar a personas migrantes vulnerables, cómo coordinar la contratación con las reglas migratorias, qué documentos serían suficientes, qué autoridades verificarían el cumplimiento y cómo evitar simulaciones. Para el Estado, el desafío sería diseñar procedimientos claros, accesibles y seguros. Para las personas trabajadoras mexicanas, la preocupación legítima es que la apertura no se traduzca en el desplazamiento de su propio empleo.

A esa discusión se suma una transformación igualmente relevante: la tecnología. La automatización, la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las herramientas de autoservicio están cambiando la organización del trabajo. En muchos casos permiten reducir costos, agilizar procesos y mejorar la experiencia del cliente. Pero también pueden sustituir puestos que antes realizaban personas, especialmente en tareas operativas, administrativas o de atención directa. 

Este fenómeno afecta a toda la fuerza laboral, pero adquiere especial importancia para las personas migrantes. Ya que muchos empleos de entrada al mercado formal se ubican precisamente en actividades de servicio, comercio, reparto, limpieza, almacén, manufactura ligera o atención al público. Si esos puestos se reducen por automatización, la posibilidad de incorporar a personas migrantes mediante empleo formal también disminuye. Por eso, una política de inclusión debe mirar no solo quién puede ser contratado, sino qué empleos existen, cuáles están desapareciendo y cuáles requerirán nuevas habilidades.

La respuesta empresarial no debería consistir en rechazar la innovación, sino en adoptarla con responsabilidad laboral. Las herramientas tecnológicas pueden convivir con el empleo si se acompañan de capacitación, reconversión de puestos, movilidad interna y evaluación anticipada de impactos. Una empresa que sustituye posiciones sin ofrecer alternativas profundiza la exclusión. En cambio, una empresa que capacita a su personal para operar, supervisar, mantener o complementar nuevas herramientas puede transformar el riesgo tecnológico en oportunidad. Este enfoque también beneficiaría a personas migrantes con experiencia previa, conocimientos técnicos o disposición de aprendizaje.

México tiene, por tanto, una oportunidad para construir un modelo de empleo formal más incluyente, competitivo y humano. La reforma al artículo 7 puede ser un punto de partida para reconocer la participación de personas migrantes en la economía nacional, pero no basta por sí sola. Se requiere coordinación entre política migratoria, regulación laboral, inspección efectiva, seguridad social, capacitación y responsabilidad empresarial frente al cambio tecnológico. Proteger el empleo nacional y abrir espacios a personas migrantes no son objetivos incompatibles si se parte de una premisa común: todo trabajo debe ser digno, formal y capaz de ofrecer futuro. La inclusión laboral, bien diseñada, fortalece también a las personas, a las empresas y al país en su conjunto.

*El contenido de este artículo es publicado bajo la responsabilidad de sus autoras y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.