La inclusión de adultos mayores en el mercado laboral mexicano ha cobrado relevancia durante los últimos años, impulsada por la necesidad de construir entornos más incluyentes, diversos y productivos. En ese contexto, existen diversas iniciativas de reforma presentadas ante el Congreso dirigidas a fortalecer la protección y la inserción laboral de personas mayores de 60 años, lo cual representa un avance significativo para responder a los desafíos actuales del mercado laboral .

La discusión sobre este tema invita a reflexionar sobre el papel de los adultos mayores en la economía nacional y a comprender el impacto positivo que puede generar su integración en los centros de trabajo.

Si bien la Ley Federal del Trabajo actualmente reconoce la protección de grupos vulnerables y prohíbe la discriminación por edad, no contiene mecanismos específicos para promover la contratación, retención o capacitación de adultos mayores en las empresas. De ahí la relevancia de las iniciativas discutidas en el Congreso, que buscan reformar el marco regulatorio para atender las necesidades de un país cuya población de adultos mayores se duplicará en las próximas décadas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se estima que hay 15.4 millones de personas con edad de 60 años y más, de las cuales 1.7 millones viven solas; solo 41.4 % son económicamente activos, y 64.4% presentan algún tipo de discapacidad. De igual forma, las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO) estiman que para el año 2050 una de cada cuatro personas tendrá 60 años o más, lo que convierte a los adultos mayores en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la población.  

Lo anterior implica que en los próximos años México dejará de ser un país predominantemente joven para consolidarse como una sociedad madura, donde el mercado laboral requerirá integrar y retener talento con experiencia y conocimiento acumulado. Esta nueva realidad demográfica vuelve indispensable impulsar políticas laborales que faciliten su incorporación para asegurar la competitividad económica y la sostenibilidad del sistema productivo. Por ende, resulta necesaria la obligación de las personas empleadoras a implementar las acciones y programas con el propósito de promover empleos y trabajos remunerados para este grupo de personas.

La experiencia de otros países permite concluir que la inclusión laboral de adultos mayores no solo funciona como una política social, sino como una estrategia económica que fortalece mercados laborales. Un claro ejemplo es Japón, quien ha impulsado reformas para extender la edad de retiro y promover la recontratación de personas mayores de 65 años, logrando mayor estabilidad en el empleo y mejorar la transmisión de habilidades entre los empleados.

Mientras tanto, la Unión Europea incentivó a través de la estrategia “Europa 2020”, la creación de programas para elevar la tasa de empleo en trabajadores de 55 a 64 años. Alemania desarrolló esquemas de capacitación en tecnología para personal mayor de 60 años y otorgó subsidios a empresas que contratan a personas mayores, lo que derivó en un incremento de participación laboral de este grupo en más de 20 puntos porcentuales en dos décadas. Por su lado, Canadá emitió iniciativas para que personas mayores de 55 años actualizaran sus habilidades digitales, aumentando la tasa de empleo para este grupo. 

Estos casos evidencian que la inclusión laboral de adultos mayores se ha convertido en una herramienta eficaz para enfrentar el envejecimiento poblacional, y capitalizar el conocimiento experto que aportan trabajadores con mayor experiencia.

A pesar de los avances, México enfrenta desafíos importantes que explican la necesidad de una reforma laboral enfocada en la inclusión de personas mayores en los centros de trabajo. La discriminación por edad sigue presente en los procesos de reclutamiento y los programas de capacitación están orientados a población joven, lo que limita la competitividad de este grupo poblacional. Aunado a lo anterior, la falta de incentivos a empresas para promover la contratación y retención de personal de la tercera edad, así como las percepciones equivocadas que asocian la edad avanzada con menor productividad. Estas barreras limitan la competitividad de este grupo poblacional y frenan su incorporación efectiva al mercado laboral.

La  incorporación de este grupo vulnerable al mercado laboral permitirá garantizar la igualdad de acceso al empleo, fomentar la capacitación continua y promover modalidades laborales flexibles que reconozcan las necesidades de las personas adultas mayores. Asimismo, favorecería entornos laborales donde la experiencia se convierta en un activo estratégico que impulse la competitividad y fortalezca la cultura organizacional.

Es importante destacar que las iniciativas presentadas ante el Congreso significan un paso importante para construir un modelo de empleo incluyente, competitivo y preparado para los desafíos demográficos del futuro. La incorporación de adultos mayores no solo es un deber jurídico y social para erradicar la discriminación por edad, sino también una estrategia inteligente para fortalecer la estabilidad, la productividad y la sostenibilidad del sistema productivo. 

*El contenido de este artículo es publicado bajo la responsabilidad de sus autoras y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.