1.Una economía dentro de la economía

En 2024, el trabajo doméstico y de cuidados en México generó un valor económico de ocho billones de pesos. Esa cifra equivale al 23.9% del Producto Interno Bruto (PIB) total de la economía, casi una cuarta parte de toda la riqueza que produce el país(1). Esto no es voluntariado, ni es vocación, es trabajo, que sostiene a familias, que permite que otros salgan a laborar, que mantiene viva la economía productiva, pero que no aparece en ninguna nómina ni en ningún estado de resultados.

Detrás de ese número hay miles de personas que cada día cuidan a un hijo con condición neurológica, a su pareja con discapacidad, a un padre con demencia o a una madre en etapa terminal. Lo hacen sin seguridad social, sin deducción fiscal, sin pensión; y, en la abrumadora mayoría de los casos, son mujeres. 

Este blog es un reconocimiento.

2.Una realidad sin política pública

En México, una mujer que cuida dedica en promedio más de 30 horas semanales a esas labores; horas que no cotizan, no se facturan y no aparecen en ningún currículum. Si además tiene un empleo formal, esas horas no desaparecen, se acumulan(2). La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 del INEGI documenta que el cuidado de personas enfermas o con discapacidad ocupa el segundo lugar en tiempo dedicado dentro del trabajo no remunerado en los hogares mexicanos. Son horas que el sistema económico no registra, que la seguridad social no reconoce y que el fisco no ve. Existen, pero son invisibles y la trayectoria profesional lo resiente.

No es un fenómeno exclusivamente mexicano. Las estadísticas internacionales documentan que las mujeres que cuidan simultáneamente a hijos menores y a adultos dependientes reportaron que esa carga afectó directamente su empleo o su búsqueda de trabajo(3). La evidencia es consistente: cuando no existe infraestructura pública de cuidado, el vacío no desaparece, lo absorben las mujeres, y lo pagan con su carrera profesional.

México lo vivió de manera concreta en 2019, cuando el Ejecutivo Federal canceló el programa de estancias infantiles y lo sustituyó por un sistema de entrega directa de recursos a los padres y madres (con un presupuesto 31% menor al del programa original)(4). Las madres que dependían de ese servicio para poder trabajar perdieron el acceso al mercado laboral. 

Algunas familias que dependían de ese servicio promovieron un juicio de amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación(5) sobreseyendo en el juicio, argumentando que los menores afectados ya habían cumplido más de cuatro años de edad (el límite establecido en el programa) y por tanto, el amparo ya no tenía materia. La resolución es procesalmente “aceptable”, pero lo que resulta difícil de aceptar es lo que quedó sin resolverse: la pregunta constitucional de fondo, si la cancelación abrupta de ese programa violó el principio de progresividad, el interés superior de la infancia y el derecho de las mujeres a no ser discriminadas en el mercado laboral. Eso nunca fue respondido. Y ese silencio tiene un costo que nadie midió: el que las familias, y principalmente las mujeres, absorbieron y siguen absorbiendo solas.

3.El desgaste que no se contabiliza

Lo que no se registra en ningún indicador económico es el costo psicológico de cuidar sin descanso. Estudios documentan que el 58% de los cuidadores familiares de adultos mayores padece sobrecarga, con una correlación directa entre las horas dedicadas al cuidado y el nivel de agotamiento(6). Muchas presentan alguna forma del síndrome de desgaste del cuidador, conocido como burnout.

Una mujer con este nivel de agotamiento no abandona el cuidado. Lo sostiene igual. Lo que abandona, gradualmente, es su carrera. No necesariamente porque la despidan (aunque eso también ocurre) sino porque deja de ser candidata elegible para los puestos que exigen alta disponibilidad, viajes, horarios extendidos o responsabilidades de gran exigencia. Se autoexcluye de procesos de ascenso, de especializaciones, de oportunidades de liderazgo. El costo no se ve hoy. Se ve años después, en una trayectoria profesional trunca y en una pensión que no llega, o llega disminuida.

4.La salida informal y el muro fiscal

Cuando sostener un empleo formal se vuelve incompatible con cuidar, muchas mujeres no eligen la informalidad, sino que llegan a ella. Venden comida desde casa, organizan eventos, venden por catálogo o por redes sociales, dan clases, cuidan a los hijos de otras familias para financiar el cuidado de los propios. Son actividades que se adaptan a los tiempos del cuidado, no al revés, y que por eso mismo limitan estructuralmente el ingreso y el crecimiento. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de abril de 2026 lo confirma: el 56.5% de las mujeres ocupadas en México trabajan en la informalidad(7).

Aquí es donde aparece una dimensión que pocas veces se señala: el aspecto fiscal. El sistema tributario mexicano reconoce en papel los gastos de cuidado. Existen deducciones personales para honorarios médicos, terapias de rehabilitación, aparatos ortopédicos y gastos por discapacidad (incluso al 100% cuando la discapacidad es igual o mayor al 50% de la capacidad normal de una persona). Pero esas deducciones requieren pago electrónico desde cuenta bancaria propia, registro federal de contribuyentes (RFC) activo en un régimen que las permita, y comprobantes fiscales digitales (CFDI) que cumplan requisitos o que sean expedidos por instituciones reconocidos del Sistema Nacional de Salud(8). Para quien opera en la informalidad, esos requisitos son una puerta cerrada. Y quien al regularizarse optó por el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) que es el más accesible para pequeños contribuyentes, perdió incluso ese derecho, pues el RESICO no permite deducciones personales de ningún tipo(9).

El gasto de cuidar existe. Es real, es cuantificable y es continuo. El fisco sencillamente no lo ve.

5.Lo que falta

Otros países han demostrado que es posible hacerlo distinto. Canadá tiene el Canada Caregiver Credit que es una deducción fiscal para quienes mantienen o cuidan a un familiar con discapacidad física o mental, o en condición de vejez; es decir, el fisco canadiense ve al cuidador, no solo al paciente. Además, su sistema de seguridad social contempla el Seguro de Empleo por Compasión: una baja temporal de hasta 26 semanas para cuidar a un familiar en riesgo de morir, con subsidio gubernamental durante ese período. Esto es política pública que reconoce que cuidar tiene un costo laboral real y que ese costo no debe recaer exclusivamente sobre quien cuida(10).

Uruguay dio un paso al crear el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la primera política pública integral de cuidados de la región, que reconoce el cuidado como un derecho y distribuye la responsabilidad entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias(11).

Sin embargo, su presupuesto se ha estancado y su cobertura sigue siendo limitada. Pero demostró algo importante: nombrar el problema en una ley y asignarle recursos concretos puede mover la aguja. 

En México, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incorporó por primera vez el Anexo Transversal 31, una herramienta que visibiliza el gasto público en cuidados. Parecería un avance en reconocimiento institucional; pero visibilizar no es lo mismo que transformar, ni que actuar. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria documentó(12) que los programas directamente vinculados a cuidados de personas con discapacidad y necesidades especiales registraron recortes reales de hasta 96.6% para 2026. Los montos anunciados son en su mayoría recursos preexistentes, reclasificados, no es inversión nueva. En ese sentido, el ideal que la Organización Internacional del Trabajo plantea sobre una política de cuidados genuina (reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar) parece lejos de la realidad en nuestro país(13).

Mientras tanto, hay mujeres que hoy están cuidando. Sin red de apoyo. Sin posibilidad de deducir lo que gastan. Sin pensión a la vista. Sin que nadie lleve la cuenta de lo que aportan.

Este texto es para ellas. Para mi madre y mi abuela que cuidaron.

*El contenido de este artículo es publicado bajo la responsabilidad de su autora y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.

Referencias:

(1) INEGI, Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, 2024.

(2) INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), 2024.

(3) Statistics Canada, General Social Survey, 2022.

(4) México Cómo Vamos, Estancias Infantiles: análisis del programa sustituto, 2021.

(5) Amparo en revisión 433/2023.

(6) De Valle-Alonso, M.J.; Hernández-López, I.E.; Zúñiga-Vargas, M.L.; Martínez-Aguilera, P. Sobrecarga y Burnout en cuidadores informales del adulto mayor. Enfermería Universitaria, ENEO-UNAM, Vol. 12, Núm. 1, pp. 19-27, 2015. 

(7) INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), abril 2026.

(8) Artículo 151, fracción I y tercer y último párrafo Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 264 de su Reglamento.

(9) Artículos 113-E al 113- J de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

(10) Government of Canada. Canada Caregiver Credit. Canada Revenue Agency, 2024. Government of Canada. Compassionate Care Benefits. Employment and Social Development Canada, 2024. https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/caregiving.html 

(11) Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), Uruguay, creado por Ley 19.353, 2015.

(12) Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Sistema Nacional de Cuidados: Avances y limitaciones presupuestarias. Ciudad de México, octubre 2025. Disponible en: https://ciep.mx/sistema-nacional-de-cuidados-avances-y-limitaciones-presupuestarias/ 

(13) Organización Internacional del Trabajo (OIT), Decent Work and the Care Economy, Ginebra, 2024.